viernes, 27 de febrero de 2015

La desestimación de Rafecas: No festejen tanto desde el kirchnerismo

_¿Desde cuándo Rafecas es un juez probo para el oficialismo? Hace unos años por motivo de la causa Ciccone Boudou consideró que tal juez trabajaba en una "agencia de noticias" al servicio de Clarín.

_Desde el primer momento Rafecas dijo que se declaraba incompetente.

_Llama la atención la celeridad con la que salió este fallo. No se puede pasar por alto la mención del final de "habilitación de la feria judicial". Este "error" demostraría que fue hecho a las apuradas y probablemente ya se tenía de antemano.

_¿Por qué tenía interés el juez en pasar lo más rápido posible esto? Quizás no tenga que ver, pero Rafecas tenía un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por su actuación en la causa Ciccone. Había sido denunciado además por beneficiar a su hermano cineasta (que recibe subsidios del INCAA) en una causa. Y tiene también cajoneada la causa por el enriquecimiento del general Milani.

_El juez tiene razón en desestimar la denuncia por no aparecer en ella delito alguno. Pero ¿por qué no cambió la carátula a delito en grado de tentativa?

_Se desestima la denuncia por encubrimiento, pero no se hace trabaja en la denuncia por abuso de autoridad o tráfico de influencias. El fallo resulta entonces incompleto.

_Dice el juez que el memorándum nunca tuvo vigencia jurídica, lo cual es falso, ya que para ser declarado inconstitucional tuvo que tenerla previamente.

_Rafecas considera que la denuncia de Nisman constituye la única prueba disponible. Eso no es verdad.

_Existe aún la instancia de apelación ante la Cámara Federal de Germán Moldes.

_La manera correcta de interpretar este hecho es como la reacción de un juez que no quiso nunca tomar esta causa y quiso sacársela de encima lo antes posible. Y también como la manera de descomprimir un poco la situación antes de la apertura de sesiones del Congreso.

domingo, 22 de febrero de 2015

Comentarios a la carta de la Presidenta sobre el 18F

Carta original

_En este blog expresé mi opinión sobre el 18F. Dejé en claro que respetaba el dolor de la gente pero yo no adhería por considerarla una parte de una guerra intrapoderes.

_De ahí deriva que coincida en parte con la apreciación de la Presidenta de "bautismo de fuego" del Poder Judicial. Pero así como yo lo caractericé de esa manera también dejé en claro que respetaba a quienes marchaban, porque por más motivación política que haya la realidad es que miles de personas se unieron a esa marcha para pedir justicia y honrar al fiscal, más allá de las intenciones originales ocultas.

_Esa parte la Presidenta la ignora. Resulta muy irrespetuoso de su parte no advertir que cientos de miles de personas en todo el país marcharon por una causa justa, más allá de los fiscales o jueces convocantes. Evidencia además una falta de tacto impresionante.

_Dice la Jefa: "Marcha que sí tuvo un único e inmenso mérito, que es que en la Argentina, tu país, se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la Presidenta, y se puede marchar libremente."
¿Se supone que tenemos que agradecerle? Es un derecho constitucional y no es ningún mérito que le debamos a ella ni a su gobierno (ni a ningún otro).

_Prosigue diciendo: "Y ese Partido Judicial debe aparecer con “respaldo masivo” (no popular, concepto impensable para los que concurrieron al evento) que avale y dé aires de legalidad a cualquier mamarracho judicial, independientemente de lo que digan las leyes, los códigos de fondo y de forma y hasta la mismísima constitución." Mucha tela para cortar.
En primer lugar, sobre el concepto "Partido Judicial" hablaré más adelante. Segundo, la discusión sobre la cantidad de gente que fue o dejó de ir es irrelevante, porque es evidente para cualquiera que la convocatoria fue masiva, y no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Tercero, si a ella le parece que las denuncias de corrupción contra funcionarios son "mamarrachos" que violan las leyes, incluyendo la Constitución es una simple opinión, que por cierto debería ser más prudente a la hora de expresarla ya que siendo Presidenta debe cuidarse de interferir con la justicia.
Por último, esa distinción entre "masivo" y "popular" más la aclaración del "concepto impensable" es ofensivo y agresivo para toda la gente que fue. Supone un enorme desprecio hacia la población (que en gran medida aportó al 54% que la reeligió).

_Cristina luego habla de un supuesto "Partido Judicial", al que define como "ariete contra gobiernos populares" articulado con los poderes económicos y los monopolios mediáticos, que reemplaza al partido militar y a los golpes de Estado tradicionales. Luego enumera algunas irregularidades de jueces y fiscales.
Resulta hipócrita de su lado hablar de esta manera, siendo que fue uno de los éxitos de la gestión de Néstor Kirchner la renovación de la Corte Suprema. Durante esta década se nombraron o mantuvieron en su cargo jueces y fiscales adictos que cajonearon causas y absolvieron funcionarios, teniendo como ejemplos más claros a Oyarbide, Canicoba Corral o Casanello. Todo este aparato judicial adicto logró ensamblarse con el nombre de Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales que responden abiertamente al Gobierno kirchnerista. Un gran referente de esta justicia kirchnerista es el juez Zaffaroni, ex juez de la dictadura y sospechado de tener prostíbulos a su nombre.
Fue también esta gestión la que aumentó el número de miembros del Consejo de la Magistratura y que lo usó a gusto y placer. También intentó una reforma que partidizaba ese Consejo y limitaba el derecho constitucional a las cautelares, que fue declarado inconstitucional.
También se le debe a este Gobierno la persecución contra el fiscal Campagnoli y la designación de Procuradores Generales adictos como Righi, Reposo (impresentable) o Gils Carbó. Recientemente la Justicia detuvo la designación de 16 fiscales subrrogantes ilegítimos (por ser nombrados por el Nuevo Código Procesal Penal que aún no entró en vigencia) por parte de la Procuradora General 
Incluso personajes hoy vilipendiados fueron aliados ayer. El juez de la servilleta Bonadío hoy se convirtió en un enemigo, a pesar de haber sido quien dejó en la nada la causa por Skanska. Lo mismo con el fiscal Stornelli, el cual no recibía ningúna crítica por parte del oficialismo mientras era funcionario de Scioli. Incluso el fiscal Nisman fue designado y apoyado en su trabajo por Néstor Kirchner.
Sin dejar de nombrar otros casos, como el del juez Julián Ercolini de la causa Papel Prensa (nombrado por Cristina en su carta) quien también sobreseyó al matrimonio presidencial en una causa por el alquiler del hotel Los Sauces. O de los fiscales Campagnoli y Lanusse, que ocuparon cargos en el Ejecutivo durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En resumen, la Presidenta es hipócrita. Tuvo durante más de una década una justicia fiel y parcial, y actualmente tiene un ejército de jueces, fiscales, abogados y miembros del Consejo de la Magistratura que le responde directamente. Si existe un "Partido Judicial" entonces existen dos, uno para ella y otro para la oposición. Resulta de una gran falsedad que se queje de algo que ella misma creó y que utiliza.

Por otro lado, nunca hay que olvidar que la Presidenta en Cadena Nacional avaló la escandalosa condena contra los petroleros de Las Heras, cuya sentencia se basó en testimonios sacados con torturas.

_Luego afirma que no entiende porque Pollicita no quiere ir al Congreso como si lo estaba por hacer Nisman y tiende un manto de sospecha.
Parece que no se da cuenta que Nisman está muerto y que la denuncia tuvo una sobre exposición muy grande, permitiendo que se filtren datos constantemente. Realmente Pollicita no tiene un motivo verdadero para ir, más bien todo lo contrario, ya que lo conveniente sería seguir trabajando con perfil bajo para que la causa no se siga contaminando con opiniones políticas (más si se considera que a diferencia de Nisman, Pollicita no es denunciante, sino fiscal actuante y su tarea debe ser secreta para los extraños). Y no se puede descontar que el propio fiscal sienta miedo, sabiendo lo que le pasó a su predecesor horas antes de ir al Congreso.

Si ella sospecha algo que lo diga.

_Y finalmente dice la Presidenta que ese "Partido Judicial" es opositor y destituyente de este Gobierno, pero "no de cualquier Gobierno" y se pone a enumerar todas las buenas obras de su gestión para tratar de establecer una relación causal.
En primer lugar, la Presidenta ignora que durante los últimos años de gobierno de Menem comenzaron a surgir varias denuncias y causas contra funcionarios, incluso contra el Presidente. Entonces lo de "cualquier gobierno" no es tan exacto.
Por otro lado, enumerar todo eso implica hacer una relación "roban pero hacen". Que el Gobierno haya hecho la asignación universal por hijo, la inversión ferroviaria, etc. y ponerlo como razón de las causas contra corrupción o encubrimiento de parte de integrantes del Gobierno es un argumento falaz, una falsa asociación.

_Termina diciendo: "Y aunque no lo creas, el Gobierno que mayor presupuesto le ha dado al Poder Judicial."
Eso responde todo: Durante todos estos años se le dio plata a los jueces y fiscales. Y mientras las causas no aparecían no eran un adversario ni eran destituyentes. Ahora cuando están en contra si, pero mientras tanto se les daba plata. Una perfecta síntesis de lo que es el kirchnerismo: Los enemigos de hoy eran los funcionales de ayer.

_Para terminar: La Presidenta está aislada de la realidad, encerrada en un relato épico de guerra que no le hace bien a la sociedad y no apacigua. No está a la altura de las circunstancias


PD: El Poder Ejecutivo (por medio de la propia Cristina y sus funcionarios) empantanan la causa Nisman haciendo y deshaciendo hipótesis. Si ella quiere que haya realmente una justicia que no sea funcional al poder debería dar el ejemplo.

sábado, 21 de febrero de 2015

Escenario económico: Dólares, pesos y urgencias

El Apocalipsis de diciembre que no llegó y el caso Nisman hicieron que el tema económico quedase al margen de las primeras planas y los noticieros. Pero no debe descuidarse, ya que están en juego muchas cuestiones que afectan a este y al futuro Gobierno.

La situación en la actualidad es muy delicada y se debe trabajar lo antes posible para solucionarla.


Faltan dólares
Luego del swap chino y las licitaciones por el 4G el Gobierno festejaba haber llegado a los 31 mil millones de dólares en reservas del BCRA. Actualmente la cifra de reservas oficial rondaría ese número.

Si hilamos fino encontramos que las reservas reales son muchas menos
_Parte de esas reservas forman parte del swap con China (u$s 3.100 millones)
_Otras son en realidad bonos de deuda que aún no han sido cobrados por los bonistas (u$s 1.300 millones)
_También se pueden mencionar la deuda con el Bank for International Seattlementes, un swap con el Banco de Francia y los depósitos en dólares del público que se encuentran encajados en un 100% en la cuenta corriente que lo bancos tienen en el BCRA.



Eso llevaría las reservas líquidas a 16 mil millones. Y si se agregan además los Derechos Especiales de Giro del FMI, los CEDIN en circulación, los miles de millones de dólares adeudados a empresas por importaciones ya concretadas y los millones de dólares en concepto de liquidación de exportaciones que se rindieron como adelanto sobre operaciones de comercio exterior futuras, Eso llevaría las reservas a 11 mil millones.

Recientemente el Gobierno ve en la baja del dólar blue una victoria. Pero no explican que esa baja se debe a este aumento artificial de reservas, a los fuertes controles del mercado cambiario y a la absorción de pesos mediante la colocación de deuda, además del mercado del dólar ahorro. Ninguno de estos factores soluciona el problema de fondo de la Argentina: Falta de reservas líquidas. Tampoco explican que el dólar blue a 16 pesos era ridículo y alejado a la realidad, el tanto que el valor actual es más ajustado.

La intención del Gobierno es el de evitar a toda costa una corrida cambiaria como pronosticaron algunos economistas apocalípticos. Y la manera de hacerlo es a costa de los problemas que serán mencionados a continuación.


El peso apreciado
El dólar oficial se encuentra hoy en un orden de $ 8,60 aproximadamente, un valor bajo y relativamente "barato".
Tiene sus ventajas. Una de ellas es la de favorecer las importaciones. Pero como ya se vio existen suficientes motivos para restringirlas (faltante de dólares).
No hay que olvidar el frente externo. Mientras el dólar se revaloriza en todo el mundo y nuestros principales socios comerciales devalúan, el peso se encuentra apreciado y nuestro tipo de cambio atrasado. Eso vuelve poco competitiva a nuestra economía y perjudica a los exportadores. Y si se le suma la baja en el precio internacional de la soja la situación se torna más complicada.
El Gobierno elige la recesión y el enfriamiento de la economía a costa de no provocar una devaluación que aceleraría fuertemente la inflación y perjudicaría al consumo (y que sería un suicidio político en un año electoral), además de provocar una corrida cambiaria. Pero lo cierto es que en la actualidad nuestros niveles competitivos se parecen mucho a los de finales de la década del '90.


Estamos entonces ante un escenario muy complejo: Faltan dólares y la moneda se volvió poco competitiva en el mercado externo. En otras palabras, tanto importadores como exportadores se ven perjudicados, lo que inevitablemente conduce a un escenario recesivo. La recesión seguirá por un tiempo más, ya que la principal meta del Gobierno es evitar una corrida cambiaria o una disparada de los precios.

¿Sería la devaluación una solución? En estos momentos la falta de reservas en el BCRA no permite mucho margen de maniobra para devaluar, amen del costo político enorme que podría generar una medida de este tipo que de alguna u otra manera va a incidir fuertemente en los precios, maxime si se tiene en cuenta que la moneda nacional se encuentra realmente muy atrasada y que una devaluación brusca debería ser muy fuerte.
Y a todos los datos antes citados hay que agregar que Argentina es el país del Cono Sur que recibe menos turistas. Hoy en día la única esperanza que mantiene el Gobierno es YPF (a pesar de la baja internacional en el precio del petróleo).


La inflación
Por más que el Gobierno quiera restarle puntos la verdad es que la inflación en la Argentina sigue siendo alta y figura entre las más altas del mundo.
Como sabe todo el mundo y coinciden todas las corrientes de pensamiento económico la emisión sin sustento provoca inevitablemente inflación. Habiendo visto ya el faltante de dólares hay que recordar que el BCRA pisó el acelerador de la emisión.
Si se toma la cantidad de reservas que dice tener el BCRA (incluyendo aquellas variables que, como quedó demostrado en el primer apartado, no son realmente reservas líquidas) y se lo divide por la base monetaria actual el dólar debería valer $ 14,47, por encima del blue. Eso de una pauta del profundo atraso cambiario por el que atraviesa la economía y del riesgo latente (aunque ahora esté relativamente disipado) que existe de una corrida cambiaria o un brote inflacionario. Una gran parte de nuestra moneda se encuentra sin respaldo, a pesar del uso por parte del BCRA de Lebacs y Nobacs para esterilizar el efecto de esa emisión (si bien ese pasivo en letras y notas es mayor que el activo de la reservas, por lo que el BCRA se encuentra en déficit, más si se suman los intereses; esa deuda cuasi-fiscal equivale a más del 60% de la base monetaria, lo que implica que el Banco Central absorbe tres de cada cinco pesos en circulación a cambio de una elevada tasa de interés).


En resumen
_Faltan dólares y las reservas del BCRA están maquilladas
_El valor del peso está muy atrasado
_Sigue habiendo un contexto de alta inflación

Y a esto hay que sumarle que desde el 30 de junio del año pasado el país se encuentra en default. Si se le suma la pésima imagen que el Gobierno tiene ante el mundo la entrada de dólares e inversiones exteriores parece más lejana.
Si se le agregan también todos los vencimientos de deuda de este año (ascienden a más de 13 mil millones de dólares) el escenario resulta mucho más complicado.

Todo parece indicar que estos problemas se van a patear para adelante. La prioridad estará en mantener "todo así como está ahora" a costa de enfriar la economía. Una solución a corto plazo y bastante improvisada. Igual, se van en diciembre ¿para qué se van a preocupar por lo que va a pasar después?

martes, 17 de febrero de 2015

18F: Ni con la alegría ni con el silencio

Una opinión superadora ante la falsa dicotomía.


Ni con la alegria...

El Gobierno que encubrió la causa AMIA, que acusa a Nisman de ser un "cipayo de EEUU" a pesar de haberlo mantenido en su cargo durante más de una década, que utilizó a los servicios de inteligencia incluyendo al diablo actual Stiuso. El Gobierno de Berni, de Milani, del Proyecto X, de la inversión desmedida en inteligencia militar, de Américo Balbuena, del espionaje desde la base Almirante Zar, de Julio López, del sistema Sibios, del microchip en los pasaportes, de la ley Larroque, de la ley antiterrorista, de los carpetazos contra opositores. El Gobierno de Righi, de Gils Carbó, de Casanello, de Oyarbide, de Justicia Legítima, de los fiscales y jueces sumisos. Ese gobierno tiene el tupé de acusar a otros de trabajar para los servicios y de querer impunidad.
Es inaudito. Así como es inaudito verlos querer dirigir la investigación de la muerte del fiscal según su conveniencia, llevándolo para el lado del suicidio o del homicidio, y es inaudito verlos querer tapar las irresponsabilidad de sus voceros o de sus agentes de seguridad.
Es inaudito también verlos agitar el fantasma del golpismo. Típica actitud del gobierno negador de la realidad que no reconoce sus errores y ve en todo opositor a un fantasma.
El mensaje oficial que ve en esto una marcha desestabilizadora es un autoengaño y una obstinación por no reconocer el monstruo que crearon. Y es el miedo por la denuncia de Nisman, temen que la denuncia se agrande.
Se puede observar también un mensaje dirigido a la propia militancia, llamándola a radicalizar su punto de vista. La Presidenta deja de ser la "Presidenta de los 40 millones de argentinos" y no llama a la concordia ni trata de calmar las aguas.


...Ni con el silencio

Miles (millones) de personas en toda la Argentina piden justicia por esta muerte. Y hacen bien en señalar como responsable a este gobierno que, directa o indirectamente, tiene las manos manchadas con sangre. Sin embargo no hay que quedarse corto. Hay que ver más allá.
Desde hace algunos años vinieron los roces del Gobierno con el Poder Judicial. Por Boudou, la ley de medios contra Clarín, el intento de "democratización", las causas por el lavado de dinero y las apariciones de Campagnoli y Bonadío, y muchas otras cosas.
La trágica muerte de Nisman echó más leña al fuego. Esta guerra de carpetazos y causas se viene acrecentando. Y se irá acrecentando. Los jueces y fiscales opositores ahora hacen su trabajo, pero no por vocación de justicia, sino para cuidar su espacio y que no sea coptado por esos jueces y fiscales amigos del poder.
Son estos funcionarios judiciales los que durante años contribuyeron para la impunidad y trabajaron para los poderes de turno. Eso representan fiscales como Germán Moldes, quien supo ser funcionario del Ministerio del Interior de Manzano; como Raúl Plee, que fue quien cajoneó la causa por los crímenes de La Tablada; como Carlos Stornelli, con una pésima gestión en el área de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires y con amistades con barras bravas; como Ricardo Sáenz, quien sostenía aún en el 2003 que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final era constitucionales. Cabe recordar que dos de estos fiscales, Moldes y Plee, tuvieron la causa AMIA y contribuyeron a la enorme red de encubrimiento de todos estos años. Tampoco es ninguna garantía la convocatoria de Julio Piumato, hoy devenido en opositor pero durante años un férreo defensor del gobierno kirchnerista.
Estamos frente a una guerra intrapoderes. Una guerra palaciega entre dos de los poderes. De un lado el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público. Del otro el Poder Judicial, pero con el apoyo de toda la oposición. Una oposición que tampoco puede decir mucho, al contar con gente como Macri (procesado por escuchas ilegales y defensor del Fino Palacios), Massa (quien tiene como jefe de campaña a Juanjo Álvarez, empleado de la SIDE durante la dictadura y responsable como Secretario de Seguridad de Duhalde de la Masacre de Avellaneda) o los radicales (que durante su última gestión presidencial utilizaron a los servicios de inteligencia para las coimas en el Senado).
La marcha es una manifestación más de esta guerra estatal. Un gobierno en decadencia enfrenta una manifestación de un poder en contra y los candidatos a sucederlo. Y todo se hace mediante carpetazos (reales o no) y expresiones que traducen un estado de podredumbre grave en las instituciones.
La muerte del fiscal no le importa a nadie. Ni a la oposición ni al oficialismo, que usan esa muerte para llevar agua para su molino y hacer propaganda.
Las únicas personas que se sienten conmovidas son los familiares de Nisman. Y por supuesto millones de argentinos que piden justicia y se sienten impactados por esta muerte. Respeto obviamente el sentir de todas estas personas. Su causa es justa y la comparto.
Pero no puedo compartir una marcha convocada por los delincuentes de siempre que no buscan justicia, sino venderse al mejor postor. Y por eso fue que apoyé enérgicamente las marchas del 19 de enero a la noche. Esta marcha no la apoyo. La respeto y comparto sus intenciones. Pero no es la clase de manifestaciones que sirven para esta causa.


Para terminar las consignas que no pueden quedar de lado:
_Esclarecimiento de los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA
_Juicio y cárcel para los encubridores.
_Apertura de todos los archivos de la SIDE.
_Que se investigue la causa del fiscal Nisman
_Que se esclarezca su muerte
_Basta de Milani, Berni y los servicios de inteligencia (los de todos los bandos)
_Basta de mecanismos de vigilancia y de leyes antiterroristas.

Y por sobre todas las cosas: JUSTICIA Y REPÚBLICA

sábado, 14 de febrero de 2015

La ley de inteligencia K: Cambiar para que nada cambie

El proyecto original fue reformado y se le incorporaron propuestas del CELS. Ese proyecto reformado tuvo media sanción en Senadores y todo parece indicar que su tratamiento en Diputados será exprés. Desde este humilde espacio haré algunas anotaciones para justificar mi postura: El proyecto cambia muy poco y sienta precedentes peligrosos.


Sobre la necesidad de cambiar la ley

La ley actual data del año 2001 y vino a sumarse a las leyes democráticas sobre Defensa y Seguridad. Como aspecto positivo separa a la inteligencia nacional y la contrainteligencia de la inteligencia criminal e inteligencia estratégica de defensa. Como aspecto negativo se establecía que los fondos de la SI serían reservados sin forma de ser auditados. Otro rasgo preocupante era la puerta abierta que dejaba a que los servicios de inteligencia pudieran trabajar en investigaciones judiciales.

Sin embargo es de público conocimiento que la SI desde hace décadas se convirtió en un organismo desvirtuado que ha servido para realizar espionaje ilegítimo contra opositores, que ha servido para encubrir actos de corrupción y que incluso se le ha puesto en contra a muchos gobiernos, convirtiéndose en un arma fundamental para el poder político y judicial de turno.

La pregunta es ¿esto es culpa de la ley o culpa del manejo político que se le vino dando? En teoría la ley actual sería muy buena, pero en los hechos se hizo todo lo contrario.

Por tanto es absurdo creer que por un cambio de nombres (Secretaría de Inteligencia -SI- por Agencia Federal de Inteligencia -AFI-), de autoridades, o incluso del marco normativo las cosas fueran a cambiar. Depende de la voluntad política.


Tratamiento exprés y oportunista

La oposición tiene razón en señalar que el motivo para el tratamiento de esta ley es completamente oportunista y sólo surge de la presión mediática tras la muerte del fiscal Nisman. Incluso el CELS coincide con esta visión. De todos modos no es ese el aspecto principal a criticar, y me animaría a decir que no es tampoco el más grave. Si con esta misma inmediatez se hubiera planteado un proyecto que no cayera en los errores posteriormente mencionados este tema sería menor.


Confusión de atribuciones: inteligencia nacional e inteligencia criminal

La ley actual y establece una diferenciación entre los distintos tipos de inteligencia (entendiéndose como recopilación y análisis de datos): Inteligencia nacional, inteligencia criminal e inteligencia estratégica militar. Una cuarta definición que aparece es la contrainteligencia. A grosso modo

Inteligencia nacional: Referida a las amenazas (externas e internas) contra el Estado argentino y la democracia. Responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia (dependiente de la Presidencia de la Nación).

Inteligencia criminal: Referida a actividades delictivas. Responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (dependiente de la Secretaría de Seguridad).

Inteligencia estratégica militar: Referida a la capacidad militar de los países que interesan desde el punto de vista geopolítico. Reponsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (dependiente del Ministerio de Defensa).

Contrainteligencia: Evitar actividades de inteligencia que ponen en riesgo al país. Responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia.

La inteligencia nacional es fundamentalmente inteligencia de Estado e incluye aspectos como golpes institucionales, levantamientos, riesgos al orden constitucional, riesgos a la estabilidad política o social, cuestiones de integridad territorial o geopolítica, amenazas externas y, fundamentalmente, contrainteligencia. Se nutre de los distintos organismos del Estado, especialmente de los organismos de inteligencia criminal y militar, al mismo tiempo que aporta a las estrategias nacionales de seguridad o defensa.

El proyecto de ley confunde estos objetivos. Mezcla a la inteligencia nacional con la inteligencia criminal. El texto original indicaba que la inteligencia nacional incluía la prevención e investigación de amenazas como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y actos contra el orden económico y financiero, llamándolos en su conjunto "delitos complejos".
Posteriormente esa definición fue dejada de lado, sobre todo relacionada a la investigación (permitiéndola solo bajo orden judicial fundamentada, y prohibiendo a los servicios realizar funciones policiales). Pero de todas maneras si se le otorga a la AFI la capacidad de producir inteligencia sobre esos aspectos con medios propios. Además se le transfieren medios y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (lo cual genera una contradicción dentro de la propia ley, compárense los arts. 6 y 2)

Esta definición ("delitos complejos" como objeto de combate específico de la Agencia Federal de Inteligencia) es peligrosa: 
_Le otorga a la Presidencia de la Nación una gran cantidad de atribuciones y el acceso a bases de datos gigantescas.
_No descentraliza la inteligencia. Al hacer que parte de la inteligencia criminal dependa directamente de la Presidencia de la Nación se corre un riesgo mayor de que sea politizada.
_Provocará que haya una cantidad mayor de agentes "de calle" en todo el territorio.
_Seguirá entremezclando a la justicia con los servicios de inteligencia, ya que al ser los "delitos complejos" tarea del AFI los jueces o fiscales tendrán que recurrir a sus servicios con mayor frecuencia. Justamente lo que se quiso evitar con este proyecto de nueva ley era evitar las relaciones promiscuas entre la justicia y los servicios, pero esta disposición apunta a lo contrario.

Por otro lado, no todos los delitos complejos aquí enunciados amenazan necesariamente la integridad o la estabilidad política, social o económica del país, ya que no todos son externos y no todos tienen un poder tan importante. Resulta entonces un despropósito que sean objeto de análisis por parte de organismos cuya función es preservar la estabilidad nacional, y más si se tiene en cuenta que ya existen organismos dedicados a estos temas.


Ciberdelitos y terrorismo: indefiniciones

Dice la ley (art. 6) que la AFI tiene como atribución la investigación sobre estos fenómenos, entre otros considerados "delitos complejos". Resulta que estos términos encierran indefiniciones y ambigüedades preocupantes.

¿Qué es un ciberdelito? No existe una definición como tal en nuestro Código Penal más allá de la ley 26.388. Lo más cercano es la distribución de virus o el hackeo, pero no son situaciones que a priori merezcan la categorización de "delitos que ponen en riesgo la integridad de la Nación". Tampoco se puede considerar que la propagación de pornografía infantil sea un ciberdelito, ya que lo delictivo es el material transmitido, así como no se puede considerar que los secuestros virtuales sean "delitos telefónicos".
La figura de "ciberdelito" debe ser quitada de la ley por ser un término oscuro que puede justificar intromisiones en la red, fundamentalmente en redes sociales. Esta ley se suma entonces a iniciativas similarmente peligrosas como la "ley anti-grooming" o la ley Larroque.

El terrorismo es otro término que en la ley agrega confusión. En nuestro país está vigente la infame "ley antiterrorista", que presenta una definición muy poco clara del término y que puede usarse para justificar persecuciones ideológicas. Organismos como el CELS, incluso el juez Zaffaroni o las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron objeciones a esta ley. Queda claro entonces que mientras esa ley esté vigente el "terrorismo" no puede ser considerado como objeto a estudiar por los organismos de inteligencia.

También se puede mencionar que existen riesgos con respecto a otras figuras como "narcotráfico" (teniendo en cuenta los inconvenientes relacionados con el autocultivo) o "trata de personas" (la ley Larroque es un precedente nefasto que confunde el trabajo sexual autónomo con el proxenetismo y la trata de blancas).


El acceso a la información

El proyecto original continuaba con la definición del decreto 950/2002 que dividía la información producida en las categorías "Estrictamente secreto y confidencial", "Secreto", "Confidencial", "Reservado" y "Público", sin establecer los criterios para determinar cada clasificación más que la "conveniencia" o la decisión arbitraria del organismo de inteligencia. Se establecía además un lapso de 25 años para la desclasificación de los archivos desde su clasificación.

El proyecto fue modificado (art. 11): se eliminaron las categorías "Estrictamente secreto y confidencial" y "Reservado" y el lapso fue acortado a 15 años. Además se agregaron criterios para cada categoría y se agregó que cualquier persona puede pedir acceso a la información. Es un cambio positivo que debe ser prontamente reglamentado.

Debe agregarse también, como cambio positivo, la instrumentación de una comisión para supervisar el presupuesto asignado (art. 18).

Por otro lado el artículo 15 agrega a la ley original un artículo 16 sexies inciso b) que permite a los Bancos de protección de datos y archivos de inteligencia la destrucción de datos de inteligencia que "una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley". De nuevo es una disposición ambigua que habilitaría a los servicios de inteligencia a eliminar de forma arbitraria lo que ellos consideren sin mayor justificativo. La ley original en este sentido era más transparente, puesto que solo se refería a la destrucción de aquellos datos provenientes de interceptaciones de comunicaciones (arts. 20 y 43).


El traslado del personal

Un artículo polémico (el n° 25) del proyecto es el que transfiere la totalidad del personal, presupuesto y bienes de la actual SI a la nueva AFI (excepto el Departamento de Observaciones Judiciales). Resulta preocupante que la ley no deje ninguna puerta abierta a una eventual investigación o purga dentro del organismo. Así como este gobierno en el pasado supo limpiar cúpulas militares y policiales en este caso se queda corto y no logra avanzar.

Esta creación de la AFI, para ofrecer un cambio verdadero, debe estar acompañada de una investigación sobre la SIDE y la SI, en donde se abran archivos sobre temas de importancia fundamental y en donde se aparten a aquellos agentes con actividades ilícitas. Por desgracia el proyecto de ley no lo permitirá.

Una ausencia inexplicable: La ley actual establecía claramente que no podía haber dentro del personal personas involucradas en crímenes de guerra, de lesa humanidad o violaciones a los DDHH (art. 23 inc. 1). El proyecto de ley en cambio no lo expresa de forma tajante.


La cuestión de las escuchas telefónicas

El aspecto más objetado por los medios y la oposición fue el traspaso del Departamento de Observaciones Judiciales de la órbita de la SI al Ministerio Público (art. 17). Al respecto hago cinco observaciones

1) Debe decirse en primer lugar que la ley es poco lo que cambia. Tanto en la ley actual como en la anterior para la intercepción de comunicaciones se requería una orden judicial, y sin embargo en el pasado los agentes hacían lo que querían (o lo que les ordenaban). Nada asegura que desde el Ministerio Público no se haga lo mismo, lo que justifica el temor de dejar esa atribución en manos de Gils Carbó.
2) Como se dijo antes, se incluyó dentro de las áreas de la AFI a los "ciberdelitos". Resulta entonces un contrasentido que se quiera limitar el acceso de la inteligencia nacional a las comunicaciones cuando al mismo tiempo se la habilita para hacerlo.
3) Al igual que con la SI y la AFI, todo el personal y bienes del DOJ pasan al Ministerio Público. Nuevamente no se permitiría ningún tipo de evaluación de los agentes.
4) La producción de inteligencia y la investigación criminal son dos cosas diferentes, y sólo pueden entremezclarse en circunstancias excepcionales con orden judicial. Como son dos actividades diferenciadas lo más lógico sería que las escuchas judiciales con fines de inteligencia y las escuchas judiciales son fines investigativos estén a cargo de dos departamentos diferentes.
5) En tanto que la producción de inteligencia debe depender solo del PEN, corresponde dejarle a este poder el departamento de intercepciones con fines de inteligencia. Sobre el departamento investigativo debe analizarse la pertenencia de delegarlo a la Corte Suprema o al Ministerio Público o incluso al Ministerio de Seguridad, tema que excede este artículo.

Es preocupante también que se permita a los agentes realizar tareas de inteligencia "con urgencia"(art. 4). Por más que se haya acortado el plazo para avisar a los directores de los organismos (el proyecto original concebía 72 horas, el actual dice que deben ser notificados "de manera inmediata") supone un riesgo contra la privacidad.


El papel de la oposición

Los partidos opositores hacen bien en denunciar la forma rápida y poco seria en la que el Gobierno planteó este proyecto. Sin embargo su postura es bastante limitada

_No señalan los temas nombrados en este artículo. De hecho no critican a la ley en sí, solo critican la forma en que se presentó.
_Sólo critican "el traspaso de las escuchas a Gils Carbó". Aunque es una crítica legítima el Gobierno puede responder (con fundamento) que es un aspecto temporal y sólo relacionado a este Ministerio Público.
_Al proponer que las escuchas pasan a la Corte siguen con la visión del Gobierno de confundir inteligencia con investigación criminal.
_No se los escuchó en ningún momento proponer ningún tipo de cambio ni a la ley actual ni al proyecto. Así como el proyecto puede entenderse como oportunista, la postura de la oposición también es oportunista.

Estamos entonces ante una situación muy problemática. Tenemos una ley actual que merece ser cambiada, una futura ley con falencias y una oposición que solo promete derogarla pero sin propuestas a cambio.


Conclusión

Aspectos positivos:
_Le quita funciones policiales y represivas a los organismos de inteligencia.
_Establece más transparencia para analizar los fondos de la AFI (si bien debe ser reglamentado).
_Permite un mayor acceso a la información (si bien debe ser reglamentado).

Aspectos negativos:
_El tratamiento de la ley, de manera oportunista y casi instantáneo.
_Confunde inteligencia nacional de Estado con inteligencia criminal, dándole más atribuciones a la Presidencia de la Nación y acceso a más datos.
_Incluye términos ambiguos y peligrosos como "terrorismo" o "ciberdelitos",
_No distingue las escuchas judiciales (con fines de inteligencia o con fines de investigación criminal), dejándolas en mano de un solo organismo.
_Cierra las puertas a cualquier tipo de purga o saneamiento de los agentes de inteligencia.